Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha urgido a la comisión delegada a respaldar la iniciación de acciones legales contra los diputados opositores que han ejercido su mandato desde el año 2015, incluyendo la posible inhabilitación política. En un enérgico discurso, Rodríguez acusó a los legisladores de vivir lujosamente en países como España y Estados Unidos, tildándolos de “criminales” que violan la Ley Orgánica Simón Bolívar.
El funcionario chavista ha instado al fiscal general Tarek William Saab a tomar medidas legales contra los diputados señalados, lo que podría resultar en la extinción de dominio sobre sus bienes y la apertura de causas penales. Rodríguez solicitó el respaldo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para llevar a cabo estas acciones legales contra lo que él describe como “criminales, ladrones, delincuentes y rateros”.
Además, Jorge Rodríguez ha afirmado que los diputados opositores de 2015 son responsables de acciones que han perjudicado gravemente a Venezuela y violado las leyes del país. Esta solicitud se enmarca en la Ley Orgánica Simón Bolívar, una legislación aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre que establece sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitación política hasta por 60 años y la confiscación de propiedades, para quienes el chavismo considere que promuevan sanciones contra el país.
A pesar de que el gobierno presenta esta ley como una medida de protección contra acciones externas que atenten contra la soberanía nacional, organizaciones han advertido que la Ley Simón Bolívar podría ser utilizada como una herramienta de persecución política. Esta normativa impone restricciones significativas a la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, lo que podría aumentar la autocensura y facilitar la persecución de opositores. También establece sanciones para los medios de comunicación que difundan información que promueva sanciones, incluyendo la revocación de concesiones y multas considerables.
En resumen, la solicitud de Jorge Rodríguez de iniciar acciones legales contra los diputados opositores de 2015 es un paso más en el contexto de la implementación de la Ley Orgánica Simón Bolívar en Venezuela, una legislación controvertida que ha generado críticas y preocupaciones sobre su impacto en la libertad política y de expresión en el país.