El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, compareció este sábado ante el tribunal encargado de decidir si se extiende o no su arresto, el cual fue ordenado por la oficina nacional anticorrupción tras su breve declaración sobre la ley marcial.
El mandatario salió del Centro de Detención de Seúl en un automóvil escoltado por vehículos de seguridad y rodeado de multitudes que se congregaron en su camino. A su llegada al tribunal, Yoon expuso sus argumentos sobre la declaración del estado de excepción realizada el 3 de diciembre, que finalmente resultó en su destitución once días después.
Tanto la acusación como la defensa del presidente tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos durante la audiencia, que duró aproximadamente cinco horas. En el exterior del tribunal, se reunieron más de 12,000 seguidores de Yoon, algunos de los cuales expresaban su apoyo de forma emotiva, mientras que otros protagonizaron pequeños enfrentamientos con la policía al intentar forzar la entrada al recinto.
El abogado de Yoon, Yun Gap-geun, afirmó que el presidente respondió fielmente a los hechos, pruebas y cuestiones jurídicas presentadas durante la audiencia, y que esperarán pacientemente la decisión del tribunal.
Yoon fue arrestado el miércoles pasado tras un prolongado asedio a su hogar por parte de las autoridades. Ahora, el tribunal debe decidir si se prorroga el período inicial de 48 horas de su detención, lo que podría extenderse hasta 20 días si la solicitud es aprobada.
La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) presentó la solicitud de extensión de la detención de Yoon, quien se convirtió en el primer presidente surcoreano en ser arrestado mientras ocupaba el cargo. Además, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur está llevando a cabo un proceso para determinar si se confirma su destitución o si se le devuelve a sus funciones antes de mediados del próximo año.
Yoon ha argumentado que su declaración de ley marcial fue un ejercicio de autoridad presidencial y no un delito. A pesar de haber sido interrogado durante más de diez horas por la CIO, se ha negado a asistir a las siguientes sesiones de interrogatorio y al Tribunal Constitucional.
En resumen, el presidente surcoreano se encuentra en medio de un proceso legal complejo que determinará su futuro político y judicial en el país asiático.
