El fiscal Héctor Barros ha reiterado que la orden de asesinar a Ronald Ojeda provino directamente del gobierno de Maduro, tras un pago millonario, y fue perpetrado por individuos que llegaron a Chile exclusivamente para cumplir con la misión, utilizando la toma de Maipú como centro de operaciones.
Por su parte, Luis Cordero, subsecretario del Interior, no descarta solicitar la extradición de Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, si se confirma su participación en el crimen de Ojeda. Durante la audiencia de formalización, se revelaron detalles sobre la participación del Tren de Aragua en el asesinato del ex militar venezolano.
En una entrevista con radio Cooperativa, el subsecretario de Interior destacó que cualquier persona implicada en un delito cometido en el país puede ser perseguida y extraditada, incluyendo a Cabello si se demuestra su participación. Cordero enfatizó que un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito grave con implicaciones tanto a nivel internacional como en términos de violación de derechos humanos.
Por otro lado, se informó que al menos 300 personas vinculadas al Tren de Aragua han sido detenidas desde 2021, y que la acción de Carabineros y la PDI ha llevado a los líderes de la organización en Chile a abandonar el país.
En la segunda jornada de formalización de los detenidos en el campamento Santa Marta de Maipú, donde se encontró el cuerpo de Ojeda enterrado, el fiscal Barros reiteró que la orden de asesinarlo fue dada por el gobierno de Maduro, y que se utilizó el campamento como base de operaciones.
Se detalló que Adrián Rafael Gámez Finol, alias El Turko, detenido en Estados Unidos, creó un grupo de para coordinar el crimen con otros miembros del Tren de Aragua. Además, se mencionó que Yolvi González consiguió chalecos antibalas para que los perpetradores simularan ser miembros de la PDI.
Finalmente, se reveló que Ronald Ojeda fue asesinado por asfixia por inmersión, con la participación de varios individuos, y que tras el crimen, los principales involucrados fueron ordenados a abandonar Chile.
