Tras la crisis poselectoral, los detenidos denunciaron torturas y aislamientos prolongados, según sus familiares. En una rueda de prensa, se reveló que la incomunicación impide que los familiares visiten a los presos políticos en los centros de reclusión.
Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, quien lleva 50 días detenido, explicó que la situación de aislamiento y tortura es un crimen de lesa humanidad. Los familiares solo pueden comunicarse a través de notas escritas, sin contacto directo.
Además, se informó que a todos los detenidos tras las elecciones presidenciales se les niega acceso a abogados privados. Las audiencias son clandestinas y los cargos imputados no son revelados a los familiares ni abogados, lo que dificulta la defensa de los detenidos.
Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, detenido desde el 30 de julio, lleva 182 días sin poder visitar a su esposo. A pesar de asistir a diversas instancias, no ha obtenido información oficial sobre el caso, lo que ha generado preocupación y falta de transparencia en el proceso judicial.
Por otro lado, en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, los detenidos, incluido Josnars Adolfo Baduel, hermano de Andreína Baduel, enfrentan aislamientos prolongados en condiciones inhumanas. La falta de alimentación, hidratación y medicación, junto con la necesidad de cirugías por secuelas de tortura, agravan la situación.
La denuncia de los familiares de los presos políticos en Venezuela pone de manifiesto la grave situación que enfrentan en los centros de reclusión. La falta de acceso a la defensa, la incomunicación y las condiciones inhumanas en las que se encuentran evidencian la vulneración de los derechos humanos en el país.
