La Fiscalía investiga nuevos antecedentes sobre la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, un hecho que ha generado preocupación en el gobierno. Se ha revelado un correo electrónico del Servicio Nacional de Patrimonio que alertaba a la Subsecretaría de Patrimonio sobre un posible conflicto de interés debido a la relación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende con la propiedad.
El correo, parcialmente publicado por La Segunda, mencionaba que la compraventa presentaba dificultades desde el punto de vista jurídico, aunque no especificaba los artículos constitucionales que podrían ser infringidos. Se hacía hincapié en el conflicto de interés al tener dos autoridades de la comunidad involucradas en la transacción.
Ante estas acusaciones, desde La Moneda se descartó la existencia de alertas jurídicas específicas que pudieran invalidar la compra, según el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Se aclaró que las advertencias eran de índole política y no legal, y que no existían minutas ni pruebas que respaldaran consecuencias legales.
Es importante recordar que la ley prohíbe a autoridades como ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, lo cual afectaba directamente a Fernández y Allende, propietarias de la casa en cuestión. Tras la polémica pública, el gobierno desistió de la compra, a pesar de haber firmado el compromiso de compraventa.
Como resultado de este escándalo, la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, renunció a su cargo. Actualmente, la fiscalía se encuentra investigando el correo electrónico en cuestión y ha interrogado a Sandoval, así como a otras autoridades y funcionarios de La Moneda en relación a este caso.
