El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en el marco de la investigación del Caso Democracia Viva, que posteriormente derivó en el Caso Convenios. En esta acción judicial, se amplió la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez (IND) como cómplice de fraude al Fisco, argumentando que estaba al tanto de las acciones de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Dentro de los antecedentes presentados por el CDE se encuentran las conversaciones de entre la diputada y su ex pareja, Daniel Andrade, representante de Democracia Viva. Estas conversaciones demostrarían que Pérez conocía los traspasos de dinero a la ONG por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Según la querella, Catalina Pérez colaboró con su pareja para asegurar la firma de los convenios de transferencia de recursos, con el objetivo de adjudicarse una suma de 426.000.000 pesos de fondos públicos de forma fraudulenta. El CDE sostiene que la diputada intervino para garantizar la ejecución de los convenios, respaldada por documentos y actuaciones ficticias para encubrir el delito.
El Consejo de Defensa del Estado señala que las acciones de Catalina Pérez se situaron en distintos momentos de los hechos denunciados, incluyendo acompañar a su ex pareja a retirar el contrato de arrendamiento de la presunta sede de Democracia Viva en Ñuñoa. Según la querella, la diputada no solo acompañó a Andrade en esta gestión, sino que también conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando.
En resumen, el CDE concluye que resulta inverosímil que la diputada no estuviera al tanto de las acciones fraudulentas, ya que colaboró en todas las etapas del proceso. Esta sentencia refuerza la acusación de Pérez como cómplice de fraude al Fisco en el marco del Caso Convenios.
