La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha tomado la decisión de desaforar a la diputada Catalina Pérez, a solicitud de la Fiscalía, para que responda ante la justicia por su presunta participación en el delito de fraude al fisco en el marco del caso “Democracia Viva”.
Este caso involucra a su ex pareja, Daniel Andrade, y al ex seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, por convenios millonarios firmados con la fundación por un monto de $426 millones. La diputada se vio envuelta en la investigación debido a su relación con el fundador de la organización.
En junio de 2023, mientras ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Cámara, Pérez se desligó públicamente del caso, afirmando que no tenía conocimiento de la firma de los convenios y que no debía responder por las acciones de otros. Sin embargo, con el avance de la investigación, su partido, Revolución Democrática, decidió suspender su militancia.
Tras el allanamiento a su vivienda y la filtración de conversaciones con su ex pareja sobre posibles empleos en el sector público, Pérez emitió declaraciones defendiéndose de las acusaciones. En noviembre de 2023, decidió suspender sus funciones en la Mesa de la Cámara y posteriormente se querelló en su contra por cómplice de fraude al fisco.
La última decisión de la Corte de Apelaciones ha sido apelada por la defensa de Pérez, argumentando que no existen pruebas contundentes en su contra y que la acusación carece de sustento jurídico. El abogado de la diputada asegura que ella no ha cometido fraude al fisco ni ha intervenido en los convenios cuestionados. La defensa ha anunciado que apelarán ante la Corte Suprema para impugnar la decisión de desafuero.
