En mayo de 2024, se promulgó la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”, conocida también como Ley de Pensiones. Sin embargo, la operatividad de este fondo aún no se encuentra del todo clara. Según indicaciones del sector industrial el año pasado, este dinero era asignado a través del sistema Patria y representaba un bono de $20 para los pensionados.
El abogado laboral Wilmer Barrios, de la firma JCBA Legal en Venezuela, señala que la ley sigue siendo cancelada al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por parte de los contribuyentes. Esta contribución equivale al 9% de los ingresos percibidos por el trabajador y el ente regulador realiza fiscalizaciones, especialmente a aquellas empresas que aún no han realizado el pago.
Barrios menciona que algunas empresas no han podido declarar debido a que, por alguna razón, no cuentan con empleados. Ante esta situación, el Seniat exige que toda empresa tenga al menos un trabajador, criterio que no siempre se ajusta a la realidad. Hasta el momento, el Seniat no ha aplicado multas o medidas de cierre a estas empresas, pero ha realizado inspecciones y solicitado documentación para justificar la falta de pago.
La ONG Acceso a la Justicia cuestiona que este impuesto no considere el principio de progresividad para las empresas, establecido en el artículo 316 de la Constitución. Según este principio, todas las compañías deberían contribuir de forma proporcional a su tamaño, actividad y ganancias, lo cual no se estaría cumpliendo.
En resumen, la aplicación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista continúa generando incertidumbre en el sector empresarial venezolano. La falta de claridad en la asignación de los fondos y la rigidez en las normativas fiscales han levantado críticas y cuestionamientos sobre la equidad en la contribución de las empresas.
