La desafiliación de un diputado implica la pérdida de ciertos privilegios, como la inmunidad que les impide ser procesados o privados de libertad de forma inmediata. Recientemente, Catalina Pérez (FA) se convirtió en la última legisladora en ser desaforada durante el actual período parlamentario, tras la presentación de pruebas que la vinculan con el caso Democracia Viva, elevando a cuatro el número de diputados en esta situación que aún continúan percibiendo sus sueldos.
El desafuero implica que un legislador puede ser juzgado por un tribunal sin las protecciones de su fuero, el cual evita que sean procesados o detenidos de inmediato sin un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones. No obstante, aquellos que sean sorprendidos cometiendo un delito de forma flagrante quedan excluidos de este beneficio.
Al perder el fuero, los diputados desaforados no pueden ejercer sus funciones parlamentarias, como votar o participar en comisiones, y se quedan sin voz ni voto en el hemiciclo. A pesar de esto, continúan recibiendo su sueldo o dieta parlamentaria, ya que, según explicó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michael Figueroa, aunque pierden ciertos derechos como parlamentarios, no dejan de serlo, por lo que mantienen su remuneración.
La senadora Fabiola Campillai ha abogado por reformar la Constitución para suspender el pago de la dieta parlamentaria a legisladores desaforados, argumentando que esto constituiría un enriquecimiento injusto al pagarles a pesar de estar impedidos de ejercer sus funciones.
Los cuatro diputados que permanecen desaforados durante el período 2022-2026 son María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda y Catalina Pérez. Cada uno enfrenta distintas causas que han llevado a su desafiliación, desde injurias hasta delitos graves como abuso sexual y fraude al Fisco. La desafiliación de estos legisladores pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político.
