La Corte Suprema confirmó la condena impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Inaer Helicopter S.A. (Inaer) y Pegasus South América Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa), así como a sus ejecutivos Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín. Esta condena se basa en la ejecución de un acuerdo entre 2006 y 2013 que afectó el resultado de procesos de licitación públicas y privadas en el mercado chileno de contratación de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros.
La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó que este acuerdo se materializó en cinco procesos de contratación, donde se acordó un reparto geográfico de las bases de operación licitadas, afectando la libre competencia en el mercado. Las multas impuestas a Faasa e Inaer ascienden a 7.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), aproximadamente $5.652 millones, con Faasa debiendo pagar 4.400 UTA y Inaer 2.600 UTA. Además, los ejecutivos deberán pagar 60 UTA cada uno por su participación en los ilícitos.
La Corte Suprema destacó la gravedad de estos hechos, que impactaron un mercado sensible para el país como la extinción de incendios forestales. Se señaló que este tipo de conductas representan una grave violación a los principios de la libre competencia, especialmente al tratarse de entidades con alta participación en el mercado.
En otro pronunciamiento, la Corte Suprema acogió el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra la Sentencia N°187/23 del TDLC. Esta revocación implicó la condena de las empresas de helicópteros Calquín Helicopters SpA (Calquín), Faasa y sus ejecutivos por afectar el resultado de un proceso de contratación convocado por Conaf en 2014. Esta decisión confirma la existencia de un acuerdo entre ambas empresas y sus máximos ejecutivos.
Con estas sentencias, que requieren el pago de $6.540 millones a beneficio fiscal, se cierra un capítulo en las investigaciones relacionadas con el mercado de combate de incendios forestales en Chile. Desde la FNE se valoró esta decisión como un paso importante en la persecución de carteles y se destacó la responsabilidad tanto de las empresas como de sus ejecutivos en estos ilícitos.
