El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a la defensa este jueves del traspaso de $3,4 billones desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público, asegurando que la operación se llevó a cabo de acuerdo con la ley. Esta declaración surge luego de la controversia generada por una publicación de The Clinic que reveló el movimiento de dinero, desatando reacciones en el ámbito político.
Marcel expresó su apoyo a la decisión de la Contraloría General de la República de investigar el caso para determinar si existió alguna afectación patrimonial en Corfo. El ministro destacó la importancia de contar con una opinión técnica independiente y libre de influencias políticas en este tipo de situaciones.
El ministro de Hacienda explicó que, de acuerdo con la Constitución, los servicios públicos, incluidos los descentralizados, no son dueños de los recursos asignados en el presupuesto. Subrayó la necesidad de gestionar los recursos fiscales de manera unificada como principio fundamental de una buena gestión presupuestaria.
En cuanto a las inversiones en el mercado de capitales, Marcel confirmó que su cartera entregó todos los antecedentes necesarios a la Contraloría para facilitar una revisión transparente. Destacó que las excepciones para realizar este tipo de inversiones se renuevan anualmente y están sujetas a estrictos controles para garantizar su legalidad.
El ministro también señaló que, en general, los servicios públicos no están autorizados para invertir fondos en el mercado de capitales, a excepción de algunos servicios con ingresos propios significativos, cuyas autorizaciones son renovadas anualmente. Esta medida se aplica en función del tamaño del presupuesto de cada servicio y está sujeta a estrictos controles para asegurar su cumplimiento.
