La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declara en la Fiscalía por caso de corrupción en programa de alimentación escolar
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se vio envuelta en un escándalo de corrupción relacionado con el programa social de alimentación escolar ‘Qali Warma’. En la mañana del lunes, Boluarte hizo una visita sorpresiva a la sede de la Fiscalía de la Nación, donde fue convocada para declarar en la investigación preliminar sobre el caso. La mandataria llegó escoltada por vehículos oficiales y motocicletas de la Policía, accediendo directamente al aparcamiento subterráneo de la sede del Ministerio Público en Lima.
La investigación y las acusaciones contra Boluarte
Boluarte fue convocada por la fiscal general, Delia Espinoza, para brindar información sobre la administración del programa ‘Qali Warma’ durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La Fiscalía está investigando si la presidenta cometió el delito de negociación incompatible al favorecer a una empresa con contratos millonarios dentro del programa.
Desde noviembre del año pasado, diversos reportajes periodísticos han revelado irregularidades en el suministro de alimentos del programa, incluyendo la presencia de hongos en latas de pollo y el uso de carne de caballo en lugar de carne de res. Estas denuncias han puesto en tela de juicio la transparencia y eficacia del programa social, así como la integridad de aquellos involucrados en su gestión.
La respuesta de Boluarte ante las acusaciones
Ante las acusaciones de corrupción en el programa de alimentación escolar, Boluarte ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación. La presidenta ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que se esclarecerán los hechos y se tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad del programa.
En su declaración ante la Fiscalía, Boluarte ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, destacando los avances y logros alcanzados en la implementación de políticas sociales en beneficio de la población más vulnerable. Asimismo, ha expresado su confianza en que la investigación arrojará luz sobre los hechos y se determinará la verdad en torno al caso.
Repercusiones políticas y sociales
El escándalo de corrupción en el programa de alimentación escolar ha generado fuertes repercusiones en el ámbito político y social de Perú. La oposición ha exigido la renuncia de Boluarte y la realización de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Por su parte, la sociedad civil ha expresado su indignación ante la presunta malversación de fondos destinados a la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
En un contexto de crisis económica y social, la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos públicos son fundamentales para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo del país. La corrupción mina la confianza en las instituciones y socava la legitimidad del gobierno, por lo que es necesario actuar con firmeza y determinación para erradicar este flagelo que tanto daño causa a la sociedad.
Conclusiones
El caso de corrupción en el programa de alimentación escolar ‘Qali Warma’ pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la gestión de los programas sociales. La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales de una democracia sana y participativa, por lo que es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y responsabilidad para investigar y sancionar cualquier acto de corrupción que vulnere los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, la declaración de la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía marca un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, demostrando la voluntad de las autoridades de combatir este flagelo y garantizar la integridad de los programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales trabajar juntos en la construcción de un país más justo, equitativo y transparente, donde la corrupción no tenga cabida y la honestidad sea el valor predominante en la gestión pública.
