Querella por tráfico de influencias: Alcalde de Santiago contra ex alcaldesa e presidenta de la Cámara de Diputados
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ha presentado una querella por el presunto delito de tráfico de influencias contra la ex jefa comunal, Irací Hassler, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola. La acción judicial fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, dando inicio inmediato a la tramitación de la misma.
La querella, presentada por el abogado José Ignacio Pinochet Olave en representación del alcalde Desbordes, busca determinar la responsabilidad de Hassler, Cariola y otros posibles involucrados en calidad de autores, cómplices y/o encubridores del ilícito. La acción judicial se basa en conversaciones reveladas entre la parlamentaria y la exalcaldesa durante los años 2022 y 2023, donde se menciona al empresario chino Emilio Yang y el pago de la patente de alcohol de uno de sus locales en el barrio Meiggs.
Según el escrito presentado por el abogado Pinochet, los hechos denunciados configurarían el delito de tráfico de influencias, de acuerdo con el Código Penal. Se hace referencia en el texto a una presunta relación de poder e influencia entre la ex alcaldesa de Santiago y la actual presidenta de la Cámara de Diputados, que habría permitido gestionar favores administrativos y beneficiar a algunos empresarios.
La querella también destaca que las acciones descritas en el texto vulnerarían la probidad pública y la transparencia en la gestión municipal, por lo que se solicita que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Es importante mencionar que esta semana el diputado Andrés Celis (RN) también presentó una querella contra la diputada comunista por el mismo delito, exigiendo la apertura de sus cuentas bancarias y la revisión de sus rendiciones ante el Servicio Electoral.
En conclusión, la querella por tráfico de influencias presentada por el alcalde de Santiago contra la ex alcaldesa e la presidenta de la Cámara de Diputados ha generado un importante debate en el ámbito político y judicial, poniendo en tela de juicio la ética y la transparencia en la gestión pública. Es necesario esperar el desarrollo de la tramitación judicial para conocer más detalles sobre este caso y las posibles consecuencias que podría tener para los involucrados.
