La organización Amnistía Internacional emitió una alerta el martes pasado, advirtiendo que la vida de 238 venezolanos que fueron enviados a El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos se encuentra en peligro. Esta advertencia se basa en las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el sistema penitenciario salvadoreño.
Según Amnistía Internacional, los traslados de estos venezolanos se llevaron a cabo a pesar de una orden judicial que los prohibía. La organización calificó esta acción como un "peligroso avance hacia prácticas autoritarias" por parte del Gobierno de Donald Trump. Además, señaló que esta medida representa un respaldo a las polémicas políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Amnistía Internacional indicó que entre los expulsados hay personas que estaban en procesos judiciales pendientes, individuos con protecciones bajo la Convención contra la Tortura y otros que fueron clasificados como presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, basándose únicamente en criterios como tatuajes o su origen en el estado venezolano de Aragua.
El personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos admitió que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro.
Los venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde Amnistía Internacional ha documentado condiciones inhumanas que incluyen hacinamiento extremo, falta de atención médica y malos tratos. Más de 300 personas han muerto bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en 2022, algunos con evidentes signos de violencia.
Esta medida viola el principio internacional de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar personas a países donde puedan sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional destacó los paralelismos entre las políticas migratorias de Estados Unidos y el modelo de seguridad de Bukele en El Salvador, ambos basados en la criminalización de grupos vulnerables y la erosión del debido proceso.
La organización hizo un llamado urgente al gobierno estadounidense para que regrese inmediatamente a los deportados, suspenda todos los programas de expulsión masiva y respete las decisiones judiciales. Asimismo, exigieron a El Salvador que restablezca el debido proceso y garantice los derechos fundamentales de todas las personas detenidas, incluyendo a los venezolanos recién llegados.
En conclusión, la situación de los venezolanos deportados a El Salvador es preocupante y evidencia la vulneración de derechos humanos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Es fundamental que se respeten los derechos de estas personas y se ponga fin a las prácticas autoritarias que ponen en peligro sus vidas. La comunidad internacional debe estar atenta a estas violaciones y exigir justicia y respeto por los derechos humanos de todos los individuos, sin importar su nacionalidad.
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