La situación de Nakary Mena Ramos, periodista detenida en Venezuela, se ha convertido en un punto focal en la lucha por la libertad de expresión en el país. Desde el pasado 8 de abril, Mena, quien trabajaba para el medio digital Impacto Venezuela, se encuentra recluida junto a su pareja, el también periodista Gianni González. Su detención, ocurrida tras la publicación de un reportaje sobre el aumento de robos en Caracas, ha suscitado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, debido a las implicaciones que tiene para el ejercicio del periodismo en un entorno donde la censura y la represión son cada vez más evidentes.
Mena y González fueron arrestados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y, tras su detención, ambos periodistas fueron desplazados a diferentes centros penitenciarios. Mientras Mena fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), González fue llevado al centro penitenciario Rodeo II, ambos localizados en el estado Miranda. El caso ha llamado la atención no solo de organizaciones defensoras de derechos humanos, sino también de la comunidad periodística, que ve en esto un ataque a la libertad de prensa.
La madre de Nakary Mena ha denunciado públicamente las condiciones en las que se encuentra su hija. Según sus declaraciones, Mena, quien ha sido operada de la columna debido a escoliosis, está durmiendo en una colchoneta en su lugar de reclusión, lo que le está generando un intenso dolor lumbar. La madre ha solicitado a las autoridades que evalúen su condición médica y realicen placas para verificar el estado de su columna, pero hasta la fecha, esto no ha sucedido. “Tiene tornillos, barras de titanio. Le duele la espalda, ella no puede seguir durmiendo en una colchoneta”, declaró.
Los cargos contra Mena y González son graves: “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, delitos que ponen en riesgo no solo su libertad, sino también el ejercicio del periodismo en un país donde la crítica a las autoridades puede llevar a serias represalias. El Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas ratificó el 17 de junio la medida de privación de libertad y autorizó el pase a juicio, dejando en un estado de incertidumbre a la pareja y su pequeña hija de cinco años, quien enfrenta la difícil situación de crecer sin la presencia de sus padres.
El medio Impacto Venezuela, donde laboraba Mena, emitió un comunicado repudiando la decisión judicial. En este, describieron su detención como un “acto brutal” por parte del CICPC, destacando que solo cumplían con su deber de informar a la sociedad. “Hace 70 días, Nakary y Gianni fueron brutalmente detenidos… Enfrentan un juicio, una clara violación a sus derechos humanos y al derecho universal a la libertad de expresión”, se lee en el comunicado. Esta denuncia se alinea con el sentir de varias organizaciones no gubernamentales que han manifestado su rechazo a las condiciones en las que se encuentran los periodistas en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se hizo eco de la problemática, solicitando al Estado venezolano garantizar el respeto a los derechos humanos de Mena y evitar represalias por su labor periodística. Este tipo de intervenciones internacionales subrayan la preocupación de que la situación de la libertad de expresión en Venezuela está deteriorándose, poniendo en jaque el futuro del periodismo independiente.
La detención de Nakary Mena y Gianni González resuena en un contexto más amplio donde los periodistas en Venezuela enfrentan un entorno hostil. La amenaza de acoso, detenciones arbitrarias, y la censura son realidades cotidianas que limitan el ejercicio de una prensa libre. La labor de reportar hechos y compartir información veraz se ve amenazada por las regulaciones restrictivas impuestas por el gobierno, lo cual crea un clima de autocensura entre quienes desean informar a la población.
La situación de Mena y González debe ser un llamado a la acción para la comunidad internacional y para organizaciones de derechos humanos. La defensa de la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Urge a que se realicen esfuerzos coordinados para asegurar la liberación de periodistas encarcelados y la protección de aquellos que ejercen el noble oficio de informar. En este sentido, es fundamental que la sociedad civil se una en la defensa de estos derechos, demandando justicia y exigiendo condiciones dignas para todos los detenidos que enfrentan situaciones similares.
La detención de Nakary Mena y Gianni González no es solo una cuestión privada que afecta a su familia, sino un asunto de interés público que debe movilizar a la sociedad en su conjunto. La defensa de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos son responsabilidades compartidas que requieren la atención y el compromiso de todos. En tiempos en que la verdad sigue siendo un bien escaso, el apoyo a quienes la buscan se torna más crucial que nunca.
Con información de La Verdad
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