El Ministerio de Bienes Nacionales, bajo el liderazgo de Marcela Sandoval en ese momento, emitió una advertencia a la Presidencia sobre las posibles “consecuencias políticas” de adquirir la casa del fallecido expresidente Salvador Allende. Esta advertencia se basaba en el vínculo familiar que la ministra de Defensa, Maya Fernández, tenía con Allende. A pesar de estas advertencias, el Gobierno de Gabriel Boric prosiguió con la compra, lo que desencadenó una crisis política.
El objetivo del Gobierno era convertir las residencias de los ex presidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende en museos. Sin embargo, la compra de la casa de Allende no pudo concretarse debido a la prohibición legal que impide a ministros celebrar contratos con el Estado, lo que afectaba a Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende, quienes eran propietarias del inmueble.
Las advertencias planteadas por la ex ministra Sandoval fueron desoídas por el asesor de Presidencia, Leonardo Moreno, a pesar de las posibles repercusiones comunicacionales y legales que se vislumbraban. Esta decisión llevó a una crisis política al ser denunciada por parlamentarios de la oposición.
En junio de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales recibió la instrucción de proceder con la compra, la cual se concretó en diciembre con la firma del contrato de compraventa. Sin embargo, la polémica surgió cuando la oposición alegó inconstitucionalidad en la transacción, lo que llevó al Presidente Boric a solicitar la renuncia de Marcela Sandoval, asumiendo “responsabilidades políticas”.
Las repercusiones de esta situación no se hicieron esperar. El Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la ministra Fernández y denunció a Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional. La oposición exige la dimisión de ambas figuras políticas, generando una intensificación de la tensión en el Gobierno.
