Una reciente sentencia dictada en La Haya ha puesto un freno a los planes del gobierno venezolano de llevar a cabo negociaciones privadas relacionadas con los activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el extranjero. El fallo fue emitido por el magistrado Hans Vetter en el marco de un antiguo litigio relacionado con la ejecución de un laudo arbitral, que ordenó a la estatal venezolana pagar la suma de 1.987 millones de dólares por expropiaciones a Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y ConocoPhillips Petrozuata BV.
Las empresas trasnacionales registradas en Texas, Bermudas y La Haya buscan compensación por los daños sufridos debido a dichas expropiaciones, a través de la venta de activos de Pdvsa en el extranjero a través de Propernyn, una filial con sede en La Haya. Hasta el momento, el enfoque de los demandantes ha estado en Nynas, y otros litigios contra Propernyn han resultado en embargos de propiedades en los territorios del Caribe Neerlandés.
En diciembre de 2020, Pdvsa recibió autorización para llevar a cabo una venta privada de las acciones de Nynas, con la condición de que esto sirviera para cubrir la deuda pendiente derivada del arbitraje. Sin embargo, cuatro años después, la estatal petrolera no había logrado concretar una transacción que cumpliera con dicho requisito. A pesar de varias prórrogas concedidas por la justicia neerlandesa en un intento por facilitar una negociación, ConocoPhillips solicitó que la venta se realizara a través de una subasta pública.
En una de las últimas audiencias, celebrada en septiembre de 2024, los demandantes expresaron su preocupación por la falta de transparencia en la venta de las acciones de Nynas a través del mecanismo propuesto por Pdvsa. Este revés legal pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la estatal venezolana en su intento por resolver este antiguo litigio.
Este artículo se basa en información proporcionada por Tal Cual.
