El Ministerio de Seguridad Pública avanza hacia su materialización con la aprobación en el Senado del informe de la Comisión Mixta, un paso crucial que debe ser ratificado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Sin embargo, la atención se centró en la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien tuvo que defender el punto más polémico del proyecto: la figura del sheriff regional antidelincuencia.
Tohá propuso la creación de este nuevo cargo para abordar los desafíos que surgirían con la llegada del Ministerio de Seguridad Pública a las regiones y para aclarar las funciones de los delegados presidenciales y gobernadores en esta materia. A pesar de esto, las autoridades regionales manifestaron su desacuerdo, argumentando que debilitaría su rol y otorgaría más poder a los delegados.
Rodrigo Mundaca, presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), expresó que la centralización se vería fortalecida, perjudicando la descentralización. Asimismo, los gobernadores destacaron la necesidad de crear una división de prevención del delito y atención a víctimas en los gobiernos regionales.
En el Senado, varios parlamentarios, incluidos Carmen Gloria Aravena (REP) y los UDI Enrique van Rysselberghe, David Sandoval y Gustavo Sanhueza, rechazaron la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, respaldando la postura de los gobernadores. Desde el Ministerio del Interior se argumentó que esta instancia no es la adecuada para abordar las problemáticas de la descentralización, señalando que se han trabajado durante años en este proyecto y se han considerado diversas opiniones para llegar a un consenso.
En medio de las discusiones, se destaca la importancia de considerar las opiniones de las autoridades regionales y buscar acuerdos que beneficien a las comunidades locales en materia de seguridad.
