En el inicio de un nuevo periodo para los alcaldes electos y reelegidos, destaca un reducido grupo de jefes comunales que enfrentan acusaciones por delitos como violencia intrafamiliar, abuso sexual y cohecho, pero que continuarán en sus funciones al frente de sus municipalidades.
Uno de los casos más destacados es el de Javier Jaramillo, alcalde electo de Victoria, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual y violación, actualmente cumpliendo arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación en su contra. A pesar de su situación legal, solicitó un permiso a la Justicia para asistir a la ceremonia de asunción como alcalde.
Por otro lado, Jorge del Pozo, alcalde electo de Chillán Viejo, fue detenido por violencia intrafamiliar poco después de su triunfo electoral, tras ser denunciado por agresión en estado de ebriedad por su pareja. Fue formalizado por lesiones leves y la investigación en su contra continuará por tres meses.
En Linares, Mario Meza, abogado y militante de RN, fue reelegido por un tercer periodo como alcalde a pesar de estar bajo arresto domiciliario nocturno desde hace un mes, debido a una formalización por fraude al Fisco de manera reiterada. Se le acusa de confabularse con otras personas para obtener millonarias sumas de dinero en contratos durante la pandemia de Covid-19.
En Nancagua, Aníbal Valenzuela, alcalde electo, estuvo en prisión preventiva por facilitar licencias de conducir a jugadores de Colo Colo sin los exámenes correspondientes, hasta hace poco.
Por último, Boris Chamorro, alcalde reelecto de Coronel, se enfrentará a una formalización por cohecho en los próximos días, en el marco de una investigación por la entrega de recursos desde Puerto Coronel a autoridades locales.
