El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha justificado su decreto de ley marcial en un acto de gobernanza, reiterando acusaciones contra la oposición por obstruir los asuntos de Gobierno con juicios políticos, y negando cualquier acto de rebelión.
Según Yoon, considerar las medidas de emergencia como un intento de rebelión para destruir el país pone en peligro la Constitución y el sistema legal. Ha defendido las acciones de la ley marcial como un ejercicio de autoridad para proteger el país y normalizar la situación en medio de una parálisis nacional.
El presidente ha aclarado que su decisión solo puede ser controlada por la Asamblea Nacional, razón por la cual retiró el decreto de manera inmediata. Yoon ha alegado que su intención era proteger la democracia y el orden constitucional contra lo que él denomina como “dictadura parlamentaria” de la oposición.
En medio de las acusaciones y presiones de destitución, Yoon ha declarado que enfrentará cualquier juicio político o investigación de manera transparente. Ha rechazado los intentos de ‘impeachment’ y ha afirmado que luchará para evitar que fuerzas y grupos criminales perturben el orden constitucional del país.
La Asamblea Nacional tiene programada una sesión plenaria para votar un proyecto de ley del fiscal especial que investigará si Yoon ha cometido actos de insurrección. Además, se ha aprobado un proyecto de ley para crear un fiscal especial permanente que investigará la imposición de la ley marcial.
En otro frente, el Ministerio de Defensa ha anunciado la suspensión del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An Su, quien lideraba el mando de la ley marcial. Una encuesta revela que la mayoría de la población apoya la dimisión o destitución inmediata de Yoon por su declaración de la ley marcial.
Yoon anunció la ley marcial la semana pasada acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte, lo que desencadenó disturbios y tensiones en el país. La situación política en Corea del Sur sigue siendo incierta ante la presión de la oposición y la opinión pública que exige una respuesta clara y transparente del presidente.
