La reciente orden ejecutiva sobre el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos no elimina este beneficio, a pesar de informes incorrectos que indicaban lo contrario. Lo que realmente establece es la revocación de la extensión por 18 meses, que fue aprobada de manera anticipada por el expresidente Joe Biden justo antes de finalizar su mandato, en contraste con los plazos habituales para estas extensiones.
Según la abogada experta en temas de Inmigración, María Herrera Mellado, consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, la anulación de la extensión para los ciudadanos venezolanos no implica la eliminación del programa en sí, sino simplemente un ajuste en los plazos. Herrera Mellado señaló que el TPS para los venezolanos en Estados Unidos se encuentra en un momento de incertidumbre.
La política inmigratoria estadounidense requiere que el gobierno evalúe periódicamente si las protecciones del TPS deben renovarse antes de su expiración. La aprobación de la extensión del TPS para los venezolanos por parte del entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha generado críticas sobre la premura de esta decisión.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, bajo condición de anonimato, sugiere que la administración Biden pudo haber implementado esta extensión de último momento como una estrategia para limitar las decisiones de la administración Trump en este tema. Actualmente, los venezolanos que recibieron el TPS en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre de 2025, mientras que aquellos que lo obtuvieron en 2023 estarán protegidos al menos hasta abril de 2025.
La titular del Departamento de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, tiene hasta el sábado 1 de febrero para decidir si otorga una nueva extensión para los beneficiarios de 2023. De lo contrario, las protecciones se extenderán automáticamente por seis meses. Sin embargo, existe la posibilidad de que la administración Trump decida no renovar el TPS para los venezolanos que lo obtuvieron en 2023, dejando en la incertidumbre el futuro migratorio de miles de personas.
Cuando la administración de Joe Biden extendió el TPS, se estimó que beneficiaba a 600,000 venezolanos, así como a personas de El Salvador, Ucrania y Sudán. María Montoya, abogada de Inmigración, destaca que revocar el TPS no es una tarea sencilla, especialmente teniendo en cuenta los tratados internacionales a los que Estados Unidos está sujeto. El TPS es una medida de protección de larga data, aunque para los venezolanos es relativamente reciente.
Montoya enfatiza que los venezolanos beneficiados con este programa deben considerar cambiar su estatus migratorio, ya que es hora de comenzar a planificar este proceso. En medio de esta situación, el futuro del TPS para los venezolanos sigue siendo incierto, generando preocupación en la comunidad inmigrante.
