La Coalición de Inmigración de Nueva York, junto con una mujer venezolana embarazada, han presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump. Solicitan al tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York que declare inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva, emitida el 21 de enero, ya está siendo objeto de múltiples demandas en distintos tribunales del país y ha sido temporalmente detenida por tres jueces federales. Los representantes legales de la Coalición de Inmigración de Nueva York, argumentan que la orden ejecutiva impulsada por el Gobierno de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución, la cual otorga la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en el país.
La Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos garantiza que los niños nacidos en territorio estadounidense sean ciudadanos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La mujer venezolana embarazada, conocida como J.V., ha expresado que su hijo nacerá en junio y que, de entrar en vigor la orden presidencial, el bebé no tendría derecho a la ciudadanía. Además, debido a la ausencia de un consulado venezolano en Estados Unidos, el niño no podría ser registrado como ciudadano venezolano, lo que lo dejaría sin nacionalidad.
La presidenta y asesora general de la organización LatinoJustice, Lourdes Rosado, ha calificado la medida del presidente como “inconstitucional, cruel e inmoral”. Argumenta que la definición de ciudadanía está claramente establecida en la Constitución y ha sido una ley firme durante más de 100 años, por lo que no puede ser eliminada de forma unilateral por el presidente.
A pesar de la postura de la Administración Trump, que afirma que los hijos de personas no ciudadanas no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía, un tercer juez federal bloqueó la orden ejecutiva que eliminaba la ciudadanía por nacimiento el pasado 10 de febrero. Esta sentencia se suma a otras dos emitidas por jueces en Seattle y Maryland.
Hasta el momento, se han presentado al menos nueve demandas para impugnar el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento. La mayoría de los expertos legales coinciden en que el presidente Trump no tiene la autoridad para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, señaló que esta cuestión será decidida por los tribunales.
En resumen, la legalidad de la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados está siendo cuestionada en varios tribunales del país. La controversia sobre este tema seguirá siendo debatida hasta que se llegue a una resolución definitiva por parte de la justicia.
