Trump pide a la Corte Suprema intervenir contra jueces que bloquean su agenda
El presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado este jueves la intervención de la Corte Suprema para hacer frente a los jueces que obstaculizan su agenda, específicamente mencionando al magistrado a cargo de los vuelos de venezolanos expulsados a El Salvador.
En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump expresó su preocupación al respecto: "Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes INMEDIATAMENTE, ¡nuestro país tendrá problemas serios!". El mandatario se refiere al presidente del tribunal, John Roberts, en sus declaraciones.
Trump argumenta que estos jueces buscan asumir los poderes de la presidencia sin haber obtenido los 80 millones de votos necesarios, afirmando que desean obtener todas las ventajas sin enfrentar ningún riesgo.
El caso de los vuelos de venezolanos expulsados a El Salvador
El juez federal de Washington, James Boasberg, emitió una orden el sábado para suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en aplicación de la ley de enemigos extranjeros de 1798, activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. A pesar de esto, varios vuelos con migrantes, muchos de ellos expulsados bajo esta ley, aterrizaron en El Salvador, lo que llevó al magistrado a pedir explicaciones a la administración Trump.
En un escrito publicado recientemente, el juez Boasberg consideró que el gobierno no cumplió con sus obligaciones al no proporcionar la información solicitada en el plazo establecido. El magistrado quiere conocer detalles como la hora de partida de los aviones, desde dónde despegaron y cuándo abandonaron el espacio aéreo estadounidense, entre otros aspectos.
La administración estadounidense asegura haber cumplido con la orden desde el momento en que fue emitida por el juez y está considerando invocar el derecho al secreto de estado en este caso.
La respuesta del juez y las acciones legales
Este jueves, el juez Boasberg solicitó a los funcionarios de la administración que presenten una declaración jurada de una persona directamente involucrada en las discusiones a nivel del gabinete sobre si se acogen al privilegio del secreto de estado. Además, se estableció un plazo para que informen si invocan el secreto de estado y por qué consideran que el regreso de los miembros del grupo expulsados no viola la orden de suspensión temporal.
Trump ha calificado al juez Boasberg como "lunático de la izquierda radical" y ha solicitado su destitución, lo cual generó una respuesta por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial.
La postura de Trump y las críticas a los jueces
A pesar de las críticas y las acciones legales en curso, Trump mantiene su postura firme. En sus declaraciones, el presidente insiste en que es necesario permitir que un presidente actúe con rapidez y determinación en asuntos como el retorno de criminales a sus países de origen o a lugares que garanticen la seguridad de Estados Unidos.
Trump ha equiparado a los migrantes con delincuentes en varias ocasiones, aunque no ha proporcionado pruebas que respalden esta afirmación. Datos oficiales muestran una disminución en la tasa de criminalidad en el país a pesar del aumento de la población extranjera.
Conclusiones y contexto político
La situación entre Trump y los jueces que bloquean sus decisiones ha generado tensiones en el ámbito político y legal. Muchas de las medidas tomadas por el presidente han sido impugnadas en los tribunales y suspendidas por jueces que consideran que Trump está excediendo sus facultades.
Es importante tener en cuenta que seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos son conservadores, y que tres de ellos fueron nombrados por Trump durante su primer mandato. Esta dinámica refleja la complejidad de las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial en el país.
En resumen, la solicitud de Trump a la Corte Suprema para intervenir contra los jueces que bloquean su agenda representa un nuevo capítulo en la lucha por el poder y la interpretación de la ley en Estados Unidos. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones significativas en el sistema legal y político del país.
Con información de AFP
